Un Quijote en las empresas de hoy

Por: Dra. Sara Castellón Shible

Hasta hoy la responsabilidad penal en nuestro país es subjetiva, es responsable sólo quien cometió el delito, sin embargo, la tendencia es contemplar en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo ha hecho España desde el 2010. Una forma de prevenir situaciones delictivas o al margen de la ley es tener un oficial de cumplimiento (compliance officer) dentro de las empresas.

Desde mayo del 2017 Costa Rica es miembro de la Convención Anticohecho, como parte de La Iniciativa Anticorrupción (LAC) de la OCDE, para luchar contra el soborno transnacional en América Latina y el Caribe. El objetivo primordial es intercambiar buenas prácticas y experiencias entre los países adheridos a este instrumento y crear una red regional de oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción. Es hora de entrenar a nuestros Quijotes para tener colaboradores  y gobiernos corporativos sanos.

La prevención de delitos contra la propiedad como la estafa, administración fraudulenta, extorsión; delitos informáticos o delitos contra la intimidad (divulgación de secretos); delitos contra el honor (difamación de persona jurídica), narcotráfico, crimen organizado o delitos que pueden cometerse con la participación de funcionarios públicos como cohecho o peculado, asimismo áreas  relevantes como la protección de datos, son de conocimiento obligatorio y capacitación continua para los oficiales de cumplimiento de las empresas.

En Costa Rica la responsabilidad penal es subjetiva y a pesar de que las personas jurídicas no responden penalmente por los hechos delictivos que desplieguen sus empleados, directores o gobiernos corporativos, -aunque si son responsables pecuniariamente- deben prevenir circunstancias como éstas teniendo en su compañía un oficial de cumplimiento que ejecute eficientemente estas funciones.

El oficial de cumplimiento es una figura clave para entrenar a las organizaciones sobre la importancia de ser coherentes, conscientes y cumplidoras de la legalidad, para evitar conductas irregulares que generen graves consecuencias para la empresa, tanto jurídica como reputacionalmente. Este es un invaluable apoyo para que las organizaciones cumplan con la ley y comprendan las consecuencias de incumplir los deberes éticos y normativos, la necesidad de actuar con integridad y compromiso corporativo.

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