La querella privada frente a la mediocridad fiscal

Por: Raquel Castellón Shible

Cuando una persona es víctima de un delito e interpone una denuncia, el Ministerio Público ejerce la acción penal y practica las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. El fiscal tiene a su cargo la investigación preparatoria y formula ante el juez de la etapa intermedia, sus requerimientos como la desestimación de la causa, la acusación y solicitud de apertura a juicio o el sobreseimiento definitivo.

(Párrafo sobre caso Cristina, sobreseimiento)

La querella es una acusación privada que permite a la víctima participar directamente en el proceso penal para reclamar las “injurias o daños” ocasionados por el hecho ilícito.  En las causas por delitos de acción pública, el querellante puede ser parte del proceso, conjuntamente con el Ministerio Público o de forma exclusiva, cuando se llega a juicio únicamente con la querella por que el fiscal no quiso acusar o cuando se convierte la acción pública en privada. Hemos participado en muchos casos, en los que sospechosamente el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento y hemos llegado a juicio sin fiscal, como en varios casos de fraudes,  de homicidio culposo de una niña y de lesiones dolosas contra un médico.

Asimismo, hay delitos de acción privada, como los delitos contra el honor, propaganda desleal y los que establece la ley, que requieren que la víctima interponga una querella de acción penal privada, para poder acceder a la justicia.  En esos casos, no interviene la fiscalía.

La participación del querellante en el proceso penal es el desarrollo expreso del derecho de tutela judicial efectiva consagrado constitucionalmente, lo cual le permite ofrecer y solicitar prueba, solicitar medidas cautelares, participar activamente en las audiencias, a su vez tiene poderes de disposición como el desistimiento de la querella y de los recursos que interponga, entre otros.  

No obstante, esas posibilidades procesales no son irrestrictas, por el contrario, la querella debe interponerse bajo ciertos parámetros definidos por ley, en resguardo del debido proceso y el derecho de defensa del querellado, así como el respeto de otros principios como el de cosa juzgada y la correlación entre acusación y sentencia.

La querella debe contener los datos de identificación de las partes, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acusados, la fundamentación y calificación jurídica y el ofrecimiento de prueba para juicio.  El querellante debe además querellar dentro del plazo legalmente establecido, debe actuar con el patrocinio por un abogado y comparecer a las audiencias preliminar y de juicio, en los procesos por delitos de acción penal pública, así como audiencia de conciliación y debate, en el caso de las querellas de acción penal privada, bajo pena de declarar el desistimiento tácito de la querella.

Las formalidades de la querella permiten delimitar no solo el objeto del proceso sino también definir la competencia del tribunal de juicio, según la calificación jurídica de los hechos y lo más importante, es que el querellado conozca los hechos que se le atribuyen, lo cual es vital para el ejercicio de su defensa técnica y material.

 

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