Corrupción y criminalidad en la contratación pública

Por: Dra. Sara Castellón Shible

La sociedad civil y el Estado constantemente resultan afectados por la actuación ilegítima de algunos funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos en el ámbito de la contratación pública.  Los escándalos y procesos judiciales originados en estos delitos funcionales son cada día más frecuentes, aunque casi nunca se habla de la pareja criminal que golpea las finanzas estatales.

Se trata de delitos cometidos en perjuicio de bienes y servicios con fines públicos, que son perpetrados por funcionarios que abusan de sus facultades debido a su posición privilegiada y en casi todas las ocasiones son perpetrados en asocio de un particular que logra beneficios injustos.

A los funcionarios públicos se les exige una conducta ética rigurosa mucho mayor que la del común de los ciudadanos. El concepto de funcionario público está delimitado por la Ley General de la Administración Pública y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimientos Ilícito en la Función Pública, pero esta última además recoge el concepto de probidad que comprende los valores que deben regir el actuar del funcionario público, que es precisamente el bien jurídico tutelado en los delitos funcionales.

El deber de probidad obliga al servidor público a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y está fundamentado en acciones definidas por ley:  rectitud, buena fe, administración de los recursos públicos con legalidad, eficacia; rechazar dádivas, recompensas u obsequios, entre otros.

En los delitos funcionales el autor se aprovecha de ese cargo para cometer el delito. Los tipos penales que penales que pueden ser perpetrados por los servidores públicos en contrataciones estatales están previstos y sancionados por el Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimientos Ilícito en la Función Pública.

Por lo general en los delitos funcionales en la contratación administrativa, ciertos patrones reiterados permiten revelar su comisión, como podría ser la concurrencia de familiares en los contratos o bien la obtención de diferentes contratos otorgados a la misma empresa o a sus testaferros.

En nuestro Código Penal los delitos funcionales son: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho propio e impropio, corrupción agravada, aceptación de dádivas por acto cumplido, prevaricato y peculado, entre otros.

Además, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimientos Ilícito en la Función Pública, prevé y sanciona otras conductas: receptación, legalización o encubrimiento de bienes, sobreprecio irregular, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados y pago irregular de contratos administrativos.

 

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